María José González pidió al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri mantener una postura neutral ante la discusión de la Ley de Identidad de Género y evitar pronunciamientos que, afirmó, puedan generar violencia contra la comunidad LGBT+.

“Yo solicitaría al gobernador una situación más inclusiva, que se abstuviese de manejar los discursos de odio”, afirmó la activista María José González al referirse a la discusión de la ley de identidad de género en Querétaro.

La entrevistada sostuvo que el gobernador debe mantener una postura neutral frente al proceso legislativo, al considerar que su responsabilidad es gobernar para toda la ciudadanía y no desde una posición religiosa o partidista.

María José señaló que las observaciones realizadas previamente al proyecto de ley ya fueron consideradas en el nuevo dictamen, por lo que consideró que una nueva negativa por parte del Ejecutivo estatal sería negativa para la comunidad LGBT+.

“Está gobernando para una ciudadanía, no en una postura religiosa ni partidista, sino evolutiva social”, expresó.

La activista aseguró que uno de los puntos que generó controversia en la discusión anterior fue el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, sostuvo que el objetivo principal de los colectivos es contar con una legislación que permita reconocer legalmente la identidad autopercibida.

Identidad, más allá de un documento

González afirmó que el reconocimiento de la identidad de género representa un mecanismo para acceder a otros derechos, como educación, salud, empleo y vivienda.

“No es el hecho que me des un nombre, no es el hecho que me des un documento, un acta de nacimiento; es el hecho de darme una identidad”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, la falta de reconocimiento legal puede generar obstáculos para las personas trans al momento de realizar trámites, continuar sus estudios o acceder a servicios.

La activista aseguró que ha acompañado diversos procedimientos legales relacionados con el reconocimiento de identidad de género y sostuvo que ha promovido alrededor de 45 amparos en casos de personas trans.

Señala obstáculos en instituciones públicas

González también denunció presuntas deficiencias en la atención que reciben las personas LGBT+ en instituciones públicas de Querétaro.

Afirmó que existen áreas gubernamentales que carecen de personal capacitado para atender las necesidades específicas de la comunidad, particularmente de las personas trans.

En materia de salud, señaló que hacen falta mecanismos especializados para dar seguimiento a las necesidades de la población trans, incluyendo atención endocrinológica relacionada con la terapia de reemplazo hormonal.

También mencionó problemas relacionados con el acceso a medicamentos para personas que viven con VIH.

En educación, sostuvo que las personas trans pueden enfrentar cuestionamientos y obstáculos cuando buscan modificar documentación escolar para que corresponda con su identidad de género.

Denuncia discriminación laboral

La activista también señaló que persisten situaciones de discriminación y acoso laboral contra integrantes de la comunidad LGBT+, pese a que algunas empresas se presentan públicamente como inclusivas.

Afirmó que ha acompañado casos que han llegado ante fiscalías y que se han buscado acuerdos para atender situaciones de presunto acoso contra trabajadores.

Por ello, consideró necesario fortalecer la capacitación de servidores públicos y trabajadores de instituciones y empresas para garantizar una inclusión efectiva.

González también realizó señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con certificados y títulos profesionales emitidos por instituciones educativas. Estas acusaciones fueron expresadas durante la entrevista y deberán ser corroboradas documentalmente antes de presentarse como hechos comprobados.

Finalmente, la activista advirtió que los colectivos LGBT+ continuarán defendiendo la aprobación de la ley de identidad de género y sostuvo que, independientemente del resultado del proceso legislativo, mantendrán acciones para exigir el reconocimiento de los derechos de la población trans.